El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Contratos de Distribución Comercial, que regula la relación contractual entre proveedores y distribuidores y comienza ahora su tramitación parlamentaria. Aunque la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de 1996 ya contemplaba la creación de esta ley, el catalizador principal ha sido el conflicto entre fabricantes y distribuidores de automóviles, derivado de una enmienda aprobada en la Ley de Economía Sostenible que modificaba la relación entre estos grupos.
Este Proyecto de Ley no solo afecta al sector automotriz, sino también a otros sectores como franquicias, gasolineras, distribución informática, hostelería, restauración, bares, el sector azulejero y los kioscos de prensa. La normativa tiene como objetivo principal mejorar la transparencia en las contrataciones, reequilibrar el poder negociador entre las partes y establecer reglas claras para la contratación, además de mecanismos extrajudiciales para resolver conflictos.
Uno de los puntos más destacados es que los fabricantes ya no podrán obligar a la compra de productos no requeridos por los distribuidores, salvo en casos excepcionales de distribución selectiva. Esto responde a las demandas del sector de la distribución, que buscaba cambiar esta práctica habitual. En cuanto a la mediación, el Proyecto de Ley apuesta por sistemas voluntarios basados en códigos de conducta y buenas prácticas, en lugar de imponer sistemas de arbitraje, una medida que ha sido bien recibida por los fabricantes.
El Proyecto de Ley permite seguir realizando pactos exclusivos de carácter geográfico, pero establece libertad de comercialización en Internet, sin delimitación geográfica, diferenciando así entre la distribución física y la digital.
No obstante, la ley no incluye la compensación a los distribuidores por la terminación de los contratos en base a la clientela generada, una demanda que ha sido impulsada por los distribuidores, pero rechazada por los fabricantes. Este tema, sin duda, será objeto de debate durante la tramitación parlamentaria.
Dado que la norma afecta a múltiples sectores y existen intereses contrapuestos entre fabricantes y distribuidores, se anticipa una intensa tramitación parlamentaria. En este contexto, las estrategias de public affairs y lobby que implementen los diferentes grupos de interés serán clave para influir en la redacción final de la ley.
