La tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año ha comenzado hoy con la aprobación del proyecto de ley de presupuestos para 2017 por parte del Consejo de Ministros. Este evento es uno de los hitos legislativos más importantes del año, ya que en los PGE se definen y cuantifican las partidas de las políticas sectoriales que el Gobierno implementará durante el ejercicio. Sin embargo, la tramitación de los presupuestos de este año cobra un interés adicional debido a la necesidad del Gobierno en minoría de Mariano Rajoy de negociar con el resto de los grupos parlamentarios para lograr su aprobación.
Cabe recordar que la falta de gobierno durante buena parte del 2016 impidió la aprobación de nuevos presupuestos, por lo que los PGE de 2016 fueron prorrogados. Con la aprobación de los presupuestos en el Consejo de Ministros, comienza su tramitación parlamentaria, que dominará gran parte de la actividad en el Congreso de los Diputados y el Senado hasta junio de 2017, cuando finaliza el período ordinario de sesiones.
Proceso de Elaboración
La elaboración de los presupuestos sigue un proceso largo y complejo que implica la coordinación entre ministerios y organismos públicos. Se inició con la aprobación del límite de gasto no financiero (118.337 millones de euros) en diciembre de 2016, en un acuerdo entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista. Posteriormente, en febrero de 2017, se aprobó la Orden HFP/114/2017, que marcó las normas para la elaboración de los PGE de 2017. Ambos textos sirvieron como base para la confección de unos presupuestos que deben sustituir a los prorrogados de 2016.
Debate Parlamentario
Una vez el Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, el texto se remite a las Cortes Generales para su tramitación. Durante esta fase, se abre el debate público entre los grupos parlamentarios, quienes pueden presentar enmiendas y continuar las negociaciones con el Gobierno. Debido a la actual configuración parlamentaria, el Gobierno debe buscar el apoyo de otros partidos para asegurar la aprobación del proyecto.
Calendario y Fases del Proceso Parlamentario
El proceso de tramitación de los PGE sigue las siguientes fases:
- Aprobación en Consejo de Ministros: El proyecto de ley de presupuestos es aprobado y enviado a las Cortes Generales.
- Presentación en el Congreso de los Diputados: Los presupuestos se presentan en la cámara baja, iniciando así su tramitación formal.
- Comparecencias en las Comisiones del Congreso: Altos cargos del Gobierno informan a las comisiones sobre las partidas presupuestarias de sus respectivos departamentos.
- Plazo de registro de enmiendas a la totalidad: Los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas que sugieran la devolución del texto al Gobierno.
- Debate de totalidad: Se debate y vota en el Pleno del Congreso sobre las enmiendas a la totalidad. Si el Gobierno obtiene una mayoría simple, el texto sigue su curso.
- Plazo de presentación de enmiendas al articulado: Los grupos parlamentarios pueden proponer enmiendas para modificar partidas concretas.
- Informe de la Ponencia: La Comisión de Presupuestos elabora un informe con las enmiendas aprobadas.
- Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Presupuestos: Se vota el informe en la comisión antes de enviarlo al Pleno.
- Debate en el Pleno del Dictamen de la Comisión de Presupuestos: El Congreso debate y vota el dictamen, tras lo cual se remite al Senado.
- Tramitación en el Senado: El proceso se repite en el Senado, donde también puede haber enmiendas.
- Aprobación final en el Congreso: Tras el paso por el Senado, el texto regresa al Congreso para su votación definitiva.
- Publicación en el Boletín Oficial del Estado: Los presupuestos se publican y entran en vigor.
Con el inicio de la fase parlamentaria, el debate público toma protagonismo, pero las prioridades del Gobierno ya han sido establecidas en las negociaciones previas. Como señala Piedad García-Escudero, el procedimiento legislativo en este caso sirve para legitimar decisiones que, en gran medida, ya han sido tomadas en función de los compromisos políticos previos.
