El equipo directivo de Political Intelligence, agencia pionera de los Asuntos Públicos que cumple 21 años de presencia en España, valora positivamente el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, con el que se aborda “por fin” una regulación que llevan años impulsando a través de APRI, la asociación representativa del sector.
María Rosa Rotondo, socia directora de la consultora y presidenta de APRI, considera que “se debe ahora trabajar para identificar y consensuar posibles mejoras al texto, escuchando e incorporando las recomendaciones que se propongan desde el sector”.
Javier Valiente, también socio director de Political Intelligence, cree que el Anteproyecto de Ley es un “buen punto de partida”, que aborda “muchas de las medidas que llevamos años reivindicando a título individual y junto a la patronal del sector”. En líneas generales, Valiente considera que contar con un marco normativo “contribuirá a la profesionalización del sector” y pide ambición y agilidad ante la tramitación final.
Sin embargo, los socios directores de Political Intelligence lamentan que “la regulación del sector está todavía lejos de lo deseado”, pues a pesar de la voluntad expresada la semana pasada por la portavoz del Ejecutivo, el anteproyecto de ley tiene ante sí unos plazos muy ajustados que hacen “muy difícil” su aprobación en esta legislatura.
Para que el texto recibiera luz verde en este periodo de sesiones, tendrían que agilizarse varias de las etapas que tiene por delante; algo no imposible pero sí muy complicado al involucrar a múltiples actores y ante un intenso calendario político.
Para ayudar a conocer y entender el procedimiento legislativo, Political Intelligence ha elaborado un diagrama que recoge las próximas fases; una representación visual que pone de manifiesto por qué la firma considera difícil completar el proceso en menos de un año, antes de que finalice esta legislatura.
Y es que después de que el Consejo de Ministros aprobara el texto en primera lectura el pasado martes 8 de noviembre, el anteproyecto ha pasado hoy a la fase de audiencia e información pública, que se prolongará hasta el 5 de diciembre.
Posteriormente, deberá ser revisado por los diversos órganos consultivos y otros ministerios afectados, concluyendo por el Consejo de Estado. Después de ello, volverá al Consejo de Ministros para una segunda lectura para aprobación del proyecto de ley y su remisión a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
En definitiva, estamos ante un procedimiento con múltiples etapas y con muchos organismos involucrados que habrían de operar con la mayor coordinación y movidos por una firme voluntad política.
Si los profesionales de los medios desean ampliar o aclarar cualquier punto de esta valoración, pueden contactar con Jorge Santo Tomás escribiendo a jsantotomas@political-intelligence.com.
