Javier Valiente, Socio Director de Political Intelligence, comenta en este artículo el impacto del anteproyecto de ley del impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como la Tasa Tobin, que el Gobierno español ha puesto a consulta pública hasta el 15 de noviembre. Este nuevo gravamen, ya implementado en países como Francia e Italia, se introduce en un contexto crítico para el sistema financiero español, particularmente tras la controversia generada por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas.
El objetivo del Gobierno es recaudar 850 millones de euros anuales con este nuevo impuesto, aunque estos ingresos no llegarán hasta 2020. Si bien es una cifra considerablemente menor a los 6.000 millones de euros que están en juego con la resolución del impuesto hipotecario, la medida ha tenido un gran impacto político y mediático.
¿A quién afectará la Tasa Tobin?
El impuesto gravará la compra de acciones de empresas cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros al 1 de diciembre del año anterior a la transacción. Esto afectará a 68 compañías españolas cotizadas. La tasa será del 0,2% sobre la compraventa de acciones de estas compañías, independientemente de la residencia del intermediario financiero o del lugar donde se negocien.
Exenciones y reglas especiales
El impuesto no se aplicará a todas las transacciones financieras. Entre las exenciones se incluyen:
- Adquisiciones derivadas de ofertas públicas de venta (OPV), para fomentar la inversión en estas operaciones.
- Reestructuraciones empresariales.
- Operaciones entre sociedades del mismo grupo o cesiones temporales.
Además, se establecen reglas especiales para transacciones derivadas de obligaciones o bonos convertibles, instrumentos financieros derivados y operativas intradía.
Impacto en el mercado español
Una de las principales preocupaciones es si la Tasa Tobin afectará al volumen de negociación en el mercado español. En Francia, la introducción de un impuesto similar redujo la negociación en un 10%. Aunque el Gobierno español ha reconocido que este nuevo tributo podría tener un efecto similar, confía en que el tipo impositivo del 0,2% —inferior al 0,3% aplicado en Francia— no disuada a los inversores, quienes suelen centrarse más en los precios y las revalorizaciones futuras.
Este nuevo impuesto plantea interrogantes sobre el futuro del mercado financiero español y si las plazas financieras de otros países atraerán mayor volumen de operaciones debido a estas nuevas medidas fiscales.
