Fue una de las promesas que hizo el Partido Popular durante la campaña electoral previa a las elecciones del 20N. “Redefiniremos la organización y funciones de los organismos reguladores sobre la base de los principios de independencia, profesionalidad, austeridad y eficacia”, afirmaba en la página 155 de su programa electoral bajo el apartado “Un nuevo sector público”.
A falta de pocas semanas para que se cumplan los primeros cien días en el poder de Mariano Rajoy, el nuevo Ejecutivo ya tiene preparada una primera versión de la reforma de los organismos supervisores en España. El modelo que toma como ejemplo es el de los Países Bajos y el objetivo de la reforma es aglutinar a las principales agencias en una sola institución.
En la actualidad, sin tener en cuenta la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Consejo de Seguridad Nuclear, existen ocho organismos independientes que se encargan de regular y supervisar varios sectores clave: la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, el Comité de Regulación Ferroviaria y la Comisión Nacional de la Competencia.
La nueva ley del Gobierno crearía La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y aglutinaría las competencias de esas ocho instituciones. En el informe que se presentó en el Consejo de Ministros del día 24 de febrero de 2012, el Ejecutivo da las tres razones para llevar a cabo este cambio: reducir la incertidumbre al homogeneizar los criterios de regulación, evitar duplicidades de funciones y mejorar la calidad supervisora, siempre y cuando, se mantenga la independencia y neutralidad del organismo.
En cuanto a la estructura, la nueva Comisión, en caso de materializarse, estaría compuesta por nueve consejeros que tendrían un mandato de seis años y serían nombrados por el Gobierno y ratificados por el Congreso de los diputados. El nuevo Organismo estará adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y tendrá su sede en Madrid, aunque podrá establecer subsedes.
En este momento, la reforma de los organismos supervisores se encuentra en fase de discusión interna de un primer borrador de anteproyecto de ley. La previsión es que a lo largo de 2012, tras las preceptivas consultas interministeriales, a Bruselas y otros órganos consultivos, pueda ser enviada una propuesta al Congreso de los Diputados para ser convertida en ley.
Fotografía de La Moncloa
