La actividad de los asuntos públicos en una pandemia como la que está afectando al mundo actualmente es crucial para adaptar la situación de las empresas a las medidas excepcionales impuestas no solo por el Gobierno, sino también por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. En este contexto de sobrecarga informativa, donde priman la urgencia y los cambios inesperados, es imprescindible recurrir a fuentes oficiales que ofrezcan soporte, veracidad y rigor a las medidas anunciadas, especialmente en países bajo estado de alarma o emergencia.
Examinar el Boletín Oficial del Estado se convierte en una tarea crítica para identificar en los Reales Decretos y Órdenes Ministeriales aquellos aspectos que pueden no mencionarse en ruedas de prensa o referencias, pero que son de extraordinaria relevancia para las empresas. No basta con seguir las comparecencias oficiales; es necesaria una mayor profundidad en el análisis, para aclarar las dudas que surjan proactivamente.
En este escenario, el sector de los public affairs no solo debe centrarse en el seguimiento riguroso de las medidas anunciadas por los gobiernos, sino también en ofrecer valoraciones estratégicas que ayuden a las empresas a cumplir con las nuevas obligaciones y reforzar su compromiso en esta situación de extrema gravedad.
La filosofía de Political Intelligence ha sido siempre instar a sus clientes a mantener una actitud “útil, genuinamente útil y no superficialmente útil”, como describió Joe Jordan de Bluesky Strategy Group en Hill Times. No es el momento de hacer llamadas sobre asuntos no urgentes o que no estén relacionados con la crisis del COVID-19, ya que los organismos públicos están completamente desbordados. Ahora es el momento de apoyar iniciativas que ayuden a superar la crisis, y aquí el sector de los public affairs tiene mucho que aportar, gestionando y canalizando iniciativas empresariales que sirvan de ayuda tanto al estado como a la sociedad en general.
Esta interlocución entre el sector público y privado, aunque a veces complicada, es esencial para coordinar acciones que persigan un objetivo común. Un ejemplo de ello es la iniciativa de varias marcas de ropa en un centro comercial, que unieron fuerzas para negociar la demora del pago del alquiler.
Aunque las gestiones físicas son limitadas, en Bruselas se está sustituyendo el contacto personal por el telelobbying a través de llamadas telefónicas, videollamadas, seminarios web y correos electrónicos. Aunque es pronto para sacar conclusiones, será importante estar atentos al impacto a largo plazo de estos bloqueos y la falta de movilidad en las decisiones políticas.
El sector de los public affairs, gracias a su experiencia en la anticipación de consecuencias, puede convertirse en un agente clave para empresas y el sector público, adelantando escenarios que puedan derivarse del desconfinamiento y ofreciendo respuestas creativas que ayuden a planificar un futuro más estable.
Por María Rosa Rotondo, Socia Directora de Political Intelligence y presidenta de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales).
