El Gobierno de España ha apostado por la tecnología y la digitalización como ejes sobre los que vertebrar la economía del mañana. Un futuro que está cada vez más cerca gracias al auge de la Inteligencia Artificial, un sector en el que la inversión se duplica anualmente hasta valer 100.000 millones de dólares en 2025 y en el que Europa quiere marcar el camino, en lo que a regulación se refiere.
España se ha propuesto ser uno de los países que lideren el impulso de la innovación en las políticas públicas y la regulación; para apoyar el desarrollo de la IA, pero también para asegurar que este se hace en un marco legal que asegure la ética y la transparencia. A nivel nacional, el marco lo fija la Estrategia Nacional, que empieza a materializarse con el proceso recientemente abierto para seleccionar la ciudad que albergará la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, la AESIA.
Pero lo que más destaca actualmente es una iniciativa conjunta inédita entre la CE y el gobierno consistente en que España sirva de banco de pruebas del borrador de Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial (AI Act). Con este sandbox regulatorio, que cuenta con la colaboración del sector privado, se trata de evitar los problemas ligados a la introducción de estas nuevas normativas y garanticen su aplicación en el plazo previsto de dos años.
El objetivo es ambicioso; no es fácil regular un desarrollo tecnológico en constante evolución. Para aclarar este complejo proceso, Political Intelligence ha elaborado este informe que analiza qué normas se están desarrollando y sobre qué pilares se asientan: transparencia, protección de los derechos humanos o verificación de algoritmos, entre otros, y cómo prevé conjugar estas normas con el marco existente en materia de privacidad, fiscalidad o responsabilidad. Dedicar a esta tarea los recursos y trabajo necesario será clave para lograr situar al país al frente de la innovación tecnológica y regulatoria.
