La recientemente aprobada Ley del Sector Eléctrico (Ley 24/2013), se planteaba como el nuevo marco regulatorio que aportase transparencia y estabilidad al sistema, introduciendo la certidumbre y confianza que había perdido durante la última década por la acumulación de desequilibrios financieros y la continua sucesión de cambios normativos.
De hecho, una visión general del marco legal existente hasta la fecha muestra una modificación constante del mismo desde el inicio de la liberalización del sector, con la Ley del Sector Eléctrico 54/1997, hace ya casi dos décadas. Durante todo este tiempo, no ha habido año en que el entorno jurídico permaneciese estable, sucediéndose Leyes y Reales Decretos que intentaban dotar de mayor estabilidad al sistema, solucionar sus desequilibrios o adaptar la normativa a la realidad económica y energética.
La nueva Ley 24/2013, tal y como explica su Preámbulo, intenta asimismo fijar el marco necesario para resolver el problema del déficit de tarifa, aumentar la protección del consumidor e instaurar un régimen de retribución de las actividades que asegurasen a los agentes una rentabilidad razonable en sus inversiones.
Dicha rentabilidad razonable se fija en función del riesgo de la actividad, introduciendo herramientas de flexibilidad con la finalidad de adaptar las retribuciones a la situación cíclica de la economía y a las necesidades del sistema cada seis años. Este sistema se justifica en la necesidad de conjugar estabilidad y previsibilidad para los agentes.
En el ámbito de los consumidores, la nueva Ley persigue elevar la competencia mediante medidas que fomenten la capacidad de elección del consumidor, agilizar el proceso de cambio de la compañía y simplificar y clarificar la factura eléctrica.
Se establece también para ello el bono social para los consumidores más vulnerables, de acuerdo a determinadas características sociales, de consumo y de poder adquisitivo, creándose el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor como el precio máximo de referencia al que podrán contratar la mayor parte de consumidores domésticos.
Por último, también se fijan entre los objetivos de esta nueva Ley 24/2013 el dotar de mayor estabilidad y credibilidad al sistema y lograr unos precios eléctricos lo más bajos y competitivos posibles.
Para ello se limita en la misma la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin el necesario acompañamiento de un aumento equivalente de los ingresos y se establece que aquellos sobrecostes generados por las normativas autonómicas o locales deban ser asumidos por éstas. Además, el desequilibrio existente se busca corregir mediante un esfuerzo compartido por las empresas, el Estado y los consumidores.
Sin embargo, los cambios introducidos durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley en relación con la aportación del Estado vía presupuestos a la corrección del déficit de tarifa, la suspensión de la última subasta eléctrica para evitar una subida de la luz del 11% en el mes de enero y el anuncio de un nuevo sistema de subastas en preparación abren algunas incógnitas respecto al nuevo marco regulatorio.
La estabilidad y seguridad jurídica es necesaria, no sólo para los operadores del sector eléctrico y los consumidores finales, sino también para el sector industrial, fuertemente condicionado en sus inversiones y resultados por los costes energéticos.
El paquete de siete Reales Decretos y cinco órdenes ministeriales en preparación para complementar la nueva Ley del Sector Eléctrico 24/2013 será sin duda clave para discernir si el nuevo marco dota definitivamente de estabilidad al sistema.
Artículo publicado el 31 de enero de 2014 en la newsletter del Sector Energía de Thomson Reuters, también disponible aquí.
