Alejandro Moledo. – El pasado martes se debatieron y aprobaron dieciséis propuestas de resolución del Debate sobre el Estado de la Nación que se celebró la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Dichas resoluciones no tienen carácter normativo, pero tanto éstas como el discurso del Presidente del Gobierno permiten formar una idea de hacia dónde tenderán las reformas legislativas que se plantea el Gobierno para los próximos meses.
El Presidente del Gobierno anunció ante la Cámara la “segunda generación de reformas”, las cuales incluían un paquete de medidas destinadas al emprendimiento que fueron aprobadas el pasado viernes por el Consejo de Estado en un Real Decreto Ley que, además, incluía dos de las reformas esbozadas por el Presidente en su intervención: un capítulo destinado a la liberalización del transporte ferroviario de viajeros y otro para aumentar la competencia en la comercialización minorista de los hidrocarburos.
En dicho Real Decreto Ley, entre otras medidas, se amplía el Plan de Pago a Proveedores con 2.600 millones de euros y se fijan una serie de estímulos fiscales para creación de empleo y para la contratación de jóvenes, como por ejemplo la tarifa plana de cincuenta euros en la cotización durante los seis primeros meses para jóvenes que decidan iniciar su actividad como autónomos.
En la línea de estas reformas, una de las proposiciones de resolución aprobadas por la Cámara insta al gobierno a la aprobación de la ya anunciada Ley de Emprendedores. Otra de las medidas que anunció el Presidente Rajoy y que más venían reclamando las asociaciones de autónomos y pymes era la posibilidad de no ingresar el IVA hasta se haya cobrado la factura, una fórmula que estará presente a partir de 2014. Asimismo, adelantó un plan de apoyo a la financiación de 45.000 millones de euros a través de, entre otros, el ICO (22.000 millones) y las entidades saneadas (10.000) con el objetivo de que fluya el crédito a las pymes.
En su discurso, Rajoy también manifestó la intención del Gobierno de preparar medidas de reducción y simplificación de cargas administrativas, lo cual iría en la línea de la futura Ley de Garantía de Unidad de Mercado, hasta hace poco presentada en audiencia pública y ahora ultimándose en el Ministerio de Economía. Respecto a las políticas sectoriales, el jefe del Ejecutivo también hizo varios anuncios. Aseguró una profunda reordenación del sector eléctrico mediante una ley que esperan remitir en el plazo de seis meses a la Cámara. También se avanzaron reformas en el sector de logística y transportes, aunque sin especificar en qué sentido se llevarían a cabo.
Por el contrario, sí que se detalló, a través de una propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular, una batería de medidas de apoyo a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana que mitigará en parte la crisis del sector de la construcción y estará dirigido hacia la eficiencia energética, incluidas en un Proyecto de Ley que se aprobará durante el presente año al que acompañará el Plan de Vivienda 2013-2016. Por último, también relacionada con el sector energético, una medida que incluye una de las proposiciones de resolución, aunque no anunciada por el Presidente, hace referencia a un futuro tributo por la extracción de crudo en base a su demanda y cuya recaudación también podría financiar a aquellas comunidades autónomas y entidades locales donde se produzca la extracción.
Otros futuros cambios normativos atañen, por ejemplo, a las pensiones y la sanidad. Una de las proposiciones de resolución insta al Gobierno a aplicar medidas que acerquen la edad real de jubilación a la estipulada, así como promover una futura Ley de Mutuas de Accidentes de Tráfico y Enfermedades Profesionales. En materia sanitaria, otra de las resoluciones aprobadas por el Parlamento solicita al Gobierno garantizar la incorporación de las nuevas tecnologías con un Plan Nacional de Inversión en Innovación y Renovación Tecnológica que promueva la colaboración pública- privada y en el que colaboren las comunidades autónomas.
Por último, otro de los asuntos que más titulares recabó fue el pacto en contra de la corrupción que ofreció el Presidente del Gobierno al resto de grupos parlamentarios. Dicho pacto ya se ha hecho patente en su correspondiente proposición de resolución que ha sido la única pactada por varios grupos: el popular, CiU, Grupo Mixto y UPyD. Dicha propuesta incluye diversas modificaciones normativas, así como nueva legislación, anunciadas ya por el Presidente del Gobierno en su discurso, entre ellas: Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, Ley de Contratos del Sector Público, Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, además de la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, Rajoy anunció su intención de incorporar a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financien a través de dinero público, así como la esperada regulación del lobby, de la que ya se comentó en esta sección.
Además de todas las medidas anticorrupción que adelantó el Presidente, en la propuesta de resolución pactada por los grupos se incluyen otras para modernizar las campañas electorales (sondeos, tratamiento por los medios, debates e incluso su duración); medidas contra el transfuguismo político; posibles reformas de la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular para facilitar su impulso y tramitación, y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para mejorar el procedimiento de votación de los españoles residentes en el extranjero, así como la puesta en marcha inmediata de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. En definitiva, este debate, que es uno de los importantes del año, genera mucha información, alguna más específica, otra simplemente a modo de esbozo, pero en cualquier caso, desde el campo de los public affairs, se precisa de un estudio riguroso para identificar las amenazas y oportunidades -que las hay- y que afectan a sectores económicos muy concretos de nuestro país. Este análisis destaca lo más relevante, pero hay más.