Un Govern en minoría ante el desafío energético
Desde que Salvador Illa asumió la presidencia de la Generalitat en agosto de 2024, el nuevo Govern del PSC -en minoría parlamentaria- ha tenido que afrontar múltiples desafíos tanto en el plano legislativo como en el ejecutivo. En términos energéticos, destaca la retirada del Decreto Ley 12/2025, un ambicioso decreto ideado para impulsar las energías renovables, que no obtuvo el apoyo parlamentario suficiente para ser aprobado en el pasado mes de julio.
A pesar de su capacidad industrial y su potencial económico, Cataluña sigue rezagada en el despliegue de energías renovables respecto otros territorios en España. Según datos de 2024, la generación renovable representa apenas un 19 % del total, muy por debajo de la media nacional, que supera el 55 %.
La política energética sigue siendo una asignatura pendiente: Cataluña necesita acelerar la transición hacia un nuevo modelo energético, pero hacerlo garantizando al mismo tiempo la estabilidad política que permita llevarla a cabo.
Consciente de esta brecha, el actual Govern ha situado la transición hacia un sistema energético mayormente renovable como uno de sus principales objetivos de la legislatura. El propio President Illa ha hecho un llamamiento a “redoblar los esfuerzos para recuperar el tiempo perdido” tras años de bloqueo normativo y técnico que venían sufriendo las energías renovables en Cataluña.
No obstante, la frágil mayoría parlamentaria del PSC -dependiente de los apoyos externos de ERC y los Comuns- introduce tensiones latentes entre la necesidad de acelerar proyectos y las resistencias locales o sectoriales que han caracterizado históricamente el debate energético en Cataluña.
Decreto Ley 22/2025: ¿la llave para acelerar el despliegue renovable?
En este contexto, el Govern da un golpe de efecto con la aprobación del Decreto Ley 22/2025, primer gran hito normativo de la legislatura en materia energética. Su convalidación en el Parlament, gracias a los 103 votos a favor de PSC, Junts, ERC y Comuns, representa un importante respaldo a la política energética de Illa, tras las largas negociaciones de las últimas semanas.
Durante el debate parlamentario, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, enmarcó el Decreto Ley en un contexto de urgencia climática y transición energética, insistiendo en que la descarbonización es un ejercicio de responsabilidad colectiva, remarcando que “la sostenibilidad es un ejercicio patriótico” y recordando que “el apagón del 28 de abril del 2025 nos demostró que es vital que nuestro sistema eléctrico tenga baterías y sistemas de almacenamiento para dar resiliencia y estabilidad”. Respecto al anterior Decreto Ley, señaló que las aportaciones realizadas por otros grupos parlamentarios han “enriquecido el decreto y lo han hecho más adecuado y más amplio para atender un gran reto”.
Por su parte, el portavoz de Junts, Jordi Monell, se ha congratulado por la modificación de algunos preceptos que generaban “incerteza” y “temor” en el ámbito municipal, agrario y en las entidades paisajísticas y ecologistas. Mientras que la portavoz de ERC, Montse Bergés, señaló la necesidad de la expansión de las energías renovables “pero no a cualquier precio”, remarcando la importancia de defender “un modelo participado” con consenso territorial y respetuoso con el terreno agrario y paisajístico. Por ello, ha defendido la eliminación de la consideración de interés público superior de los proyectos renovables en esta segunda versión del Decreto Ley, tras las demandas de múltiples ayuntamientos.
Con la aprobación del citado Decreto Ley, Cataluña se convierte en la primera comunidad autónoma en regular de forma específica el almacenamiento energético, marcando un precedente para que otros territorios puedan avanzar en la misma dirección. Asimismo, la norma aborda la adaptación del marco energético y urbanístico aplicable, regula aspectos relativos a la potencia y a la conexión en los procedimientos expropiatorios, y establece el régimen para la declaración de interés público de las comunidades energéticas.
En esta línea, la norma exime de la autorización administrativa previa y de construcción para instalaciones renovables de entre 100 y 500 kW, facilitando su implantación y reduciendo significativamente los plazos de tramitación asociados.
El Decreto Ley también establece medidas para reducir la conflictividad territorial y garantizar la protección de los suelos agrícolas de regadío, incorporando un acuerdo entre productores fotovoltaicos y comunidades de regantes para limitar, como norma general, la instalación de parques solares en terrenos de regadío, permitiéndola solo en casos excepcionales y promoviendo alternativas como la agrivoltaica.
Asimismo, la norma revisa en profundidad el modelo de participación ciudadana en los proyectos de energías renovables y el funcionamiento de la Mesa de Diálogo Social, con el propósito de reforzar la transparencia, aumentar la aceptación social y reducir la conflictividad territorial. Entre otras mejoras, se establece una fase previa de presentación pública del proyecto, así como la obligación de elaborar un informe de aceptación social.
Nuevo impulso y desafíos por resolver en la transición energética catalana
El Decreto Ley 22/2025 constituye un paso transformador en la arquitectura energética catalana, que tiene como marco el PROENCAT 2050, la hoja de ruta aprobada en 2023 por el anterior Govern en minoría de ERC para alcanzar la neutralidad climática en el ámbito energético antes de mediados de siglo.
No obstante, para que la norma despliegue todo su potencial resulta imprescindible la aprobación del Plan Territorial Sectorial para el Desarrollo de las Energías Renovables (PLATER), aún en fase de tramitación. Este instrumento está llamado a ordenar el territorio para evitar conflictos de uso, determinar zonas preferentes para la implantación de parques o garantizar la participación ciudadana y local mientras se compatibilizan los usos del suelo.
En este escenario, el nuevo marco regulatorio e institucional representa una oportunidad clave para Cataluña: desbloquear proyectos, atraer inversión y avanzar de forma decidida en la transición energética, al tiempo que se refuerza la seguridad, sostenibilidad y estabilidad del suministro eléctrico. No obstante, su eficacia dependerá de que se traduzca en proyectos concretos, viables territorialmente y capaces de combinar agilidad normativa con legitimidad social. La aceleración, en definitiva, no podrá hacerse sin consensos amplios y duraderos que trasciendan los ciclos políticos.
Sobre los autores
Andra Vasiu es Manager de Political Intelligence en su oficina de Barcelona, con una vasta trayectoria profesional ligada en los últimos tiempos al entorno legal y al sector energético en empresas como Repsol, FuelsEurope o UPEI. Andra conoce bien los distintos sectores de la Comunicación política, habiendo colaborado con la embajada de Rumanía, Naciones Unidas o Harvard. Cuenta con estudios en Derecho, Ciencias Políticas y Estudios Internacionales.
Carlos Magariño es Consultor de Political Intelligence, graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Pompeu Fabra. Actualmente complementa sus estudios con un Grado en Derecho por la UOC. Ha contado con diversas experiencias laborales en el sector de los Asuntos Públicos y la Comunicación, tanto en consultoras como en una compañía integrada en el sector energético.
