Argentina y Bolivia no se atreven con otros países. Pero con España sí. Las recientes expropiaciones de YPF y Red Eléctrica por los gobiernos argentino y boliviano respectivamente, ponen de manifiesto la necesidad cada vez más acuciante de las empresas españolas de invertir en inteligencia política, llámenlo lobby, para ser competitivas.
Esta necesidad es una más de las debilidades de las compañías españolas, no sólo para competir en el mercado local con las multinacionales, sino a la hora de influir en la legislación y políticas públicas a nivel europeo e internacional.
Frecuentemente cargos públicos del gobierno español no comparten el enfoque de las Directivas y Reglamentos que nos llegan de Bruselas, y que en la práctica suponen en torno al 70% del conjunto de nuestra legislación. Y en la mayoría de ocasiones el origen de muchas de estas iniciativas legislativas proviene del lobby y los intereses de las empresas alemanas, francesas o británicas, y su capacidad para defender sus posiciones y promover iniciativas regulatorias en Bruselas.
Si echamos un vistazo al número de compañías españolas con equipos de public affairs en Bruselas ante las instituciones comunitarias, nos encontramos con que son una minoría, que no se corresponde con la aportación española al PIB comunitario, y desde luego muy por debajo de la representación de los grandes países europeos, e incluso de otros más pequeños como Holanda, Dinamarca o Suecia.
Esto también sucede incluso en nuestro mercado nacional, donde las multinacionales saben defender sus intereses individualmente ante el gobierno, el parlamento y las Comunidades Autónomas. Por el contrario, la mayoría de las empresas españolas, incluidas muchas de gran tamaño, fían su estrategia institucional y de lobby a la asociación sectorial de turno, o a los “contactos personales ” de su consejo de dirección. Esta política de “laissez faire” llega hasta el punto de no tener una estrategia, ni unos objetivos, ni siquiera un conocimiento claro de qué actuaciones se están tomando desde la propia empresa para defender sus intereses legítimos ante las instituciones.
La posible ventaja competitiva de la que disponen en el mercado español por el hecho de ser compañías locales, queda limitada por la falta de una estrategia institucional que les permita influir en el entorno político y regulatorio que afecta a su negocio.
Los recientes acontecimientos de Argentina y Bolivia no son más que un ejemplo más de la debilidad de nuestras empresas a la hora de defender sus intereses ante las instituciones, bien sea a nivel local, europeo o internacional. Como resultado, nuestra economía se resiente y nuestras compañías son cada vez más frágiles y menos competitivas en los distintos mercados.
¿Quo lobbies? Esta es la pregunta que deben hacerse los directivos de muchas empresas españolas si quieren ser competitivas.
Fotografía de la Embajada de España en Washington realizada por slack13 y publicada en Flickr.
